El arbitraje que planea aprobar el Gobierno para que los bancos devuelvan el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo abusivas será de obligado cumplimiento. No sólo para los bancos, sino también para los afectados que quieran reclamar, según fuentes conocedoras del proyecto. Pero dejará margen de maniobra para que las entidades negocien las condiciones.
Las conversaciones que el Ejecutivo está llevando a cabo con los partidos de la oposición, sobre todo el PSOE, y con los representantes del sector financiero están provocando cambios importantes en la articulación de este sistema.
En principio, la intención del Gobierno era establecer un código de libre adhesión, que de adoptarlo implicaba la nulidad de todas las cláusulas suelo de los contratos. Es decir, que las entidades iban a tener el imperativo de revisar todos los contratos.
Ahora, la posición se ha flexibilizado y, según la propuesta que está sobre la mesa, los bancos tendrán capacidad para negociar con los afectados y discutir con cada uno determinadas condiciones para intentar llegar a un acuerdo. Además, lo podrán hacer con todos, porque los clientes para reclamar se verán obligados a explorar antes la vía extrajudicial antes de acudir a los tribunales.
Según los términos del proyecto actual, las demandas a través de la Justicia sólo se podrán iniciar una vez haya culminado sin éxito el trámite bilateral que sea fijado por el decreto del Gobierno. Algunas fuentes destacan que este plazo podría determinarse entre las cuatro y las seis semanas.
Cambio de condiciones
Estos dos aspectos son claves, porque permitirán a la banca poder llegar a pactos con los usuarios para eliminar la cláusula suelo con un cambio en las condiciones económicas del contrato, como venían haciendo hasta la fecha para evitar una litigiosidad masiva. En los últimos años, el sector ha ido cambiando, previo acuerdo, muchos tipos de interés, de variable a fijo, de los créditos que contenían estas cláusulas, aunque mantenían la defensa de la legalidad de los topes de bajada en los intereses a cobrar en las cuotas mensuales.
Asimismo, podrán determinar que la devolución de las cantidades, en caso de que se acuerde que los topes son poco transparentes, se realice en efectivo o a través de una amortización periodificada de la hipoteca hasta su vencimiento. Si el pago se lleva a cabo mediante la cancelación de una parte del capital pendiente, el impacto sobre sus cuentas será más suave, porque no lo tendrán que asumir de golpe.
Con la negociación obligatoria previa se cierra la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales y, sobre todo, a que éstas sean colectivas, en las cuales se dilucidan todos los casos a la vez sin un análisis individual.
El presidente de la Asociación Hipotecaria (AHE), Santos González, defendió ayer en declaraciones a Efe que habrá que comprobar si «todas estas cláusulas son abusivas», por lo que decretar un procedimiento igual para todas las entidades no sería acertado, a su juicio, pues no todas han incluido cláusulas suelo en sus hipotecas y no todas las que sí lo han hecho han sido opacas o abusivas.
Un máximo de 4.000 millones
El Ejecutivo pretende regular plazos y garantías con el fin de resolver con celeridad las reclamaciones y reducir la litigiosidad. Economía calcula que hay 1,5 millones de hipotecas con cláusulas suelo, aunque no en todos los casos son abusivas. El Banco de España estima que los afectados recuperarán algo más de 4.000 millones de euros como máximo, de los cuales unos 1.500 millones han sido ya provisionados por parte de las entidades.
Con los cambios introducidos en el proyecto se mantiene la opinión declarada públicamente por los ministros de Economía y Justicia, Luis de Guindos y Rafael Catalá. Ambos han señalado en distintas ocasiones, desde la publicación de la sentencia del Tribunal de la UE -el pasado 21 de diciembre-, que la solución debería producirse en el ámbito privado.
Los socialistas, en cambio, han venido reclamando desde el primer minuto que el Gobierno impusiera un arbitraje con medidas tasadas y vigiladas para la devolución total de las cláusulas.
El proyecto que está ahora sobre la mesa contiene las peticiones de todas las partes, aunque todavía requiere del consenso para que sea aprobado en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
Fuente: eleconomista.e
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